Grupos armados irregulares se disputan el control minero en estado Amazonas
Javier Tarazona director general de FundaRedes ofreció un balance de la violencia que se vive en el estado Amazonas.

Javier Tarazona, director general de FundaRedes ofreció un balance de la violencia que se vive en el estado Amazonas, donde la guerrilla, paramilitares y bandas criminales actúan a su anchas bajo lamirada indiferente del Estado.

En esta entidad grupos armados irregulares cometen distintos tipos de crímenes en medio de la disputa por el control del territorio para la explotación minera.

Aseguró Tarazona que en el municipio Atabapo, específicamente en el Parque Nacional Cerro Yapacana, hay al menos 27 minas que son objeto de pugnas entre grupos.

«En medio de este conflicto las comunidades indígenas se han visto afectadas incluso con el asesinato de varios de sus integrantes en los últimos meses en manos de las FARC», dijo.

El defensor de DDHH señaló que recientemente fue asesinado por grupos armados irregulares que operan en la zona el profesor José Dacosta, quien ejercía como director de una institución educativa en Amazonas, y laboraba en la Mina 40 para poder obtener algunos recursos adicionales para el sustento de su familia.

Junto a Dacosta, se informó sobre la situación del joven Luis Charlot, de 17 años de edad, de quien inicialmente se dijo que había fallecido, pero posteriormente se pudo conocer que el joven logró sobrevivir al ataque de los irregulares y se encuentra a resguardo.

Recordó el director general de FundaRedes que desde el 2013 se ha evidenciado la presencia de más de 4 mil sujetos pertenecientes a organizaciones terroristas en Amazonas.

Dominio que se agudizó -aseveró- con la firma del acuerdo de paz en Colombia en el año 2016, cuando estos sujetos armados se desplazaron a territorio venezolano con más fuerza para resguardarse y continuar sus operaciones.

La actuación de los grupos armados irregulares se extiende en las zonas de Río Negro, Atures, Autana, entre otros; mientras que en el Río Siapa tienen campamentos para dirigir sus actividades ilícitas en parte del sector.

En este sentido Tarazona extendió nuevamente un llamado a la comunidad internacional, para que se activen los mecanismos necesarios para preservar los derechos de las etnias indígenas.

«Estos hechos han sido denunciados durante años en organismos locales y nacionales, sin que se dé una respuesta efectiva y cese al conflicto», enfatizó el activista.

Politicos_Vzla

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