El fiscal Tarek William Saab, aseveró que la Interpol debe colaborar con la justicia venezolana para orden de justicia contra políticos opositores que están en el exilio a quien catalogó como “criminales”.

“Tenemos la necesidad imperiosa que Interpol colabore con el sistema de justicia venezolano para colocar a la orden de la justicia a estos criminales que no pueden ser calificados como perseguidos políticos”, afirmó Saab en la sesión de la AN/6D por VTV.

Además señaló que “no pueden negar que buscaban con incursiones como la operación Gedeón con 114 personas implicados que buscaron generar terror y asaltar el poder en Venezuela, de ahí 54 implicados dijeron que si venían a cometer delitos. De esos, 17 personas condenadas se acogieron al procedimiento de velación, informaron la trama de ese movimiento. Lamentablemente EEUU y Colombia participaron en estos hechos”.

“Ellos les dan el arma a terceros para cometer el delito, y los terceros son un grupo privado de paramilitares colombianos, estadounidenses y colombianos, que contactaron a militares venezolanos para estos hechos. Dos de los procesados eran mercenarios estadounidenses que admitieron su participación en esos hechos. El pueblo de Venezuela ha respondido con un paso adelante frente a todas estas provocaciones”, acotó.

Asimismo, Saab dijo que “en estos tres años hemos luchado contra las mafias de narcotráfico, que usan nuestro país para la lucha contra la droga y la marihuana. A Venezuela le ha tocado como vecino un narcoestado, que además conspira contra nuestra democracia. Mafias de narcotráfico colombiano han estado financiado a grupos terroristas que pretenden atacar a Venezuela”.

Respecto a violaciones de derechos humanos por parte de funcionarios de seguridad del Estado, Saab detalló que en 2020 fueron aprehendidos 519 funcionarios de distintos organismos y 29 particulares. El Ministerio Público identificó a 1119 funcionarios, civiles y militares, involucrados en tratos crueles e inhumanos, torturas y homicidios, entre ellos 136 civiles y 171 funcionarios de seguridad.

«Todas estas cifras reposan en las oficinas de la Corte Penal Internacional (CPI) y la Alta Comisionada para los DDHH (Acnudh). Entre ambos informes suman más de 2000 páginas con anexos que muestran cómo el Estado, de manera permanente, judicializa a quienes cometen actos violatorios de DDHH», dijo Saab.

Mencionó que el MP ha develado 28 tramas de corrupción en la industria petrolera entre 2017 y 2020. «Hemos logrado lo que no hicieron otras gestiones. 194 personas detenidas en esas tramas, 103 judicializadas, todas pertenecientes a Pdvsa».

«39089 actuaciones en esta materia, 11719 imputaciones, 3565 acusaciones. En 2020 obtuvimos récord de 802 condenados por delitos de corrupción, 2264 desde agosto de 2017 por corrupción (…) 232 funcionarios de la vieja escuela del MP fueron procesados por actuaciones irregulares y delitos en ejercicio de funciones. 132 imputados, 11 con medidas privativas de libertad, 23 ordenes de aprehensión por procesar y 20 condenados.», advirtió.

Señaló que plantearán a la AN de 2020 la reforma del Código Orgánico Procesal Penal y trabajar entre los poderes los temas de retardo procesal por impunidad, racismo y discriminación, así como la construcción de nuevos centros de detención preventiva y centros penitenciarios para atacar el hacinamiento de reos.

De igual forma, propuso la promulgación de seis nuevas leyes.

«Hemos elaborado un proyecto de ley para ampliación de DDHH y proponemos otros cinco: para la defensa del ambiente y contra el maltrato animal; de responsabilidad empresarial en materia de DDHH; para sancionar delitos cometidos a campesinos, pescadores e indígenas que buscan ser desplazados de sus hábitat naturales; para optar voluntariamente a una muerte digna, en el caso de personas en estado grave de salud o con enfermedades terminales; y una reforma de la Ley Orgánica del Ministerio Público», dijo Saab

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