El Procurador del estado Táchira Julio Cesar Hernández afirmó que hasta la fecha no se ha recibido comunicación alguna sobre una investigación o cualquier otro procedimiento sobre las presuntas irregularidades en las que están incursos cinco altos funcionarios de la gobernación del estado, tal y como lo ha señalado el presidente de la Comisión de Contraloría del parlamento regional.

“Es una tarea permanente del cuerpo legislativo ejercer control político sobre la gestión del gobierno estadal, sin embargo la constitución del estado en el artículo 103 numeral 14 establece, en el supuesto de que se detecten irregularidades, que el diputado o los diputados están en la obligación de informar de esa circunstancia a la gobernadora”, explicó.

A la fecha – aseguró Hernández- la ciudadana gobernadora no ha recibido información alguna sobre esas supuestas irregularidades, por lo tanto lo deseable es que cuando ese  tipo de situaciones ocurran la mandataria regional sea informada porque así lo estipula la constitución del estado Táchira.   

Aseveró que sobre la investigación que, según el presidente de la Comisión de Contraloría, data del 2018, “la Procuraduría ha sido informada por la jefe del ejecutivo del estado que ni ella o algún director del consejo de gobierno ha recibido alguna notificación donde se haga del conocimiento de la apertura o el inicio de una investigación parlamentaria, por lo que cual oficialmente no existe absolutamente nada  en contra de ningún director  del ejecutivo”.

Ahora – continuó el procurador- si se va a abrir una investigación, que es una atribución constitucional del cuerpo legislativo regional, deben ser notificados los directores que van a ser objeto de ese procedimiento.

“Decir que 5 directores cometieron irregularidades crea una sospecha sobre todos los integrantes del consejo de gobierno y se les expone al escarnio público y una de las premisas fundamentales del estado democrático, es el respeto a los Derechos Humanos de todas las personas, en este caso de los directores del ejecutivo regional que pudieran ver afectados su derecho al debido proceso, a la defensa, a la presunción de inocencia y al honor, al prestigio y a la reputación”, argumentó.

En cuanto al veto que existe a los directores de acuerdo a lo dicho por el parlamentario, Hernández señaló que se entiende el mismo en materia legislativa pero en el área administrativa la constitución les brinda el mecanismo para que se reúnan con la mandataria regional, en virtud del principio de colaboración de los poderes, si no están conformes con la presencia de quienes forman parte del tren ejecutivo o requieren aclarar cualquier punto que llame la atención de los diputados.

“Cualquier decisión que acarreé  responsabilidad política tiene consecuencias porque los documentos, las informaciones o informes que los parlamentarios puedan recabar tienen efectos en los tribunales, entonces es importante que se le garantice y  facilite a los directores  su derecho a la defensa y al debido procesos, para que en el caso de existir las supuestas irregularidades se puedan defender”,  puntualizó

 La exhortación – indicó el procurador del estado- es que nos apeguemos al estado de derecho y al estado democrático para la defensa de los Derechos Humanos y sobre todo para que prevalezca el principio de respeto y de institucionalidad entre todos los poderes, “la procuraduría está a la orden para asesorar, porque es nuestro deber, cualquier procedimiento o participar en cualquier conversación institucional que tienda a mejorar los controles que ejercen los poderes en el estado Táchira”.

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