De acuerdo al informe del 2019 de la Coalición Anticorrupción de Venezuela (CAV), estas instituciones son las más corruptas en la frontera de acuerdo a los consultados por la CAV.

 Según la investigación hecha por la periodista Sebastiana Barráez, estas conclusiones demuestran una fuerte pérdida de razón de ser de la institución castrense, los cuales además de tener el monopolio de las armas, no cumplen con las funciones esenciales establecidas en el marco de la Constitución, reseñó Infobae.

De acuerdo a Barráez esta lista está encabezada por los cuerpos policiales municipales seguido de su cuerpo de élite: las Fuerzas de Acciones Especiales (Faes), señalada en reiteradas oportunidades por organismos internacionales como una institución corrupta que debe ser disuelta por su amplio historial de desapariciones, ajusticiamientos y violación de DDHH en general.

En la lista se posicionan de segundo lugar las Fuerzas Armadas Nacionales Bolivarianas (Fanb) y seguida de esta, la Guardia Nacional Bolivariana (GNB).

En palabras de la periodista, pese a que en la frontera hay presencia de los cuatro componentes militares, es la GNB la que tiene mayor roce con la población civil, «se les ve en todas las alcabalas o puntos de control, se convierten en la autoridad militar y además su acelerado desprestigio se lo han ganado por el cobro de colaboraciones, ayudas, extorsiones o vacunas para el paso de mercancía de un lado a otro de la frontera».

Con esta evolución decadente de dichas instituciones, la población tiende a ver cada día al sector castrense como un cuerpo cada vez más inútil, pues ocupan constantemente actividades que no les son correspondidas.

Según afirma Barráez, el simple hecho de que estas instituciones se identifiquen como oficialistas ha hecho que muchas personas pierdan confianzan en ellas.

«La politización de la Fuerza Armada le ha cobrado una altísima cuota de legitimidad entre la población y especialmente en la frontera».

Delincuencia organizada

Según lo reseñado anteriormente por la CAV, en Venezuela hoy “existen 8 bloques de organizaciones de delincuencia organizada, algunos de los cuales controlan territorios y han creado especies de microestados en el país: las mega bandas criminales, los seudo sindicatos (construcción, petroleros y mineros), los “colectivos” armados, los “pranes” y sus organizaciones carcelarias, las Fuerzas Bolivarianas de Liberación o “Boliches”, holding de la corrupción, tráfico ilegal de drogas y, finalmente, FARC (Fuerzas Armadas revolucionarias de Colombia), ELN (Ejército de Liberación Nacional) y Bacrim (bandas criminales)”.

La investigación concluye que con la proliferación de estas organizaciones delictivas, la Fuerza Armada falló en su deber de cumplir con sus funciones.

“Junto al contrabando de combustible, el tráfico ilícito de mercancías y de materiales estratégicos y el lavado de dinero, están el abuso de autoridad, la extorsión, el tráfico de influencias, que – además de constituir delitos en sí mismos-, fungen como medios para que otros actos delictivos se produzcan. El tráfico de drogas se entiende como un delito permanente y parte del paisaje”, destaca la CAV en su sección relacionada con el desempeño de estas instituciones en la frontera.

Como consecuencia del desmantelamiento institucional que sufre Venezuela, continúa el informe que señala los principales problemas, según la división del territorio: “La invasión de tierras, el tráfico de personas, la inmigración ilícita y el sicariato, que también aparece en Bolívar, son más marcadas en Barinas y Táchira”.

Aunque la Coalición resalta que “el tráfico de drogas es muy relevante en Apure, Barinas, Sucre y Bolívar, pero curiosamente no fue señalado en Táchira”, no consideran al estado Zulia y Falcón, lugares determinantes para los carteles del narcotráfico.

“El tráfico de materiales estratégicos y la corrupción propia están más presentes en Táchira, Zulia y Bolívar. En Bolívar, el oro es el producto que mueve la actividad del crimen organizado, con mucha más violencia, anarquía y destrucción que los grupos criminales en otras fronteras”.

La Coalición Anticorrupción concluye que se observa “un cuadro de desmantelamiento institucional y desprotección, que favorece los delitos de corrupción y crimen organizado, y profundiza la indefensión de los venezolanos y compromete el pleno ejercicio de sus derechos humanos”.

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